En el último trimestre de 2007, el Gobierno central se dedicó a anunciar a bombo y platillo las ayudas para el alquiler que ayudarían a los jóvenes a emanciparse del hogar paterno. La ayuda se llamaría, y se sigue llamando, "Renta Básica de Emancipación" y debe ser gestionada por las Comunidades Autonómicas. Esta ayuda está destinada a los jóvenes menores de 30 años que lleven más de 6 meses trabajando (o tengan un trabajo de esa duración como mínimo), que ganen menos de 22000 euros brutos anuales y que tengan un contrato de alquiler. A cada joven que cumpliera esas condiciones le debe ser concedida una ayuda mensual máxima de 210 euros mensuales. Luego, cada CCAA debería gestionar esta ayuda. La ayuda se podría solicitar desde el uno de enero de 2008 y cada solicitu debe ser resuelta en menos de dos meses.
Con estas premisas, la Junta de Castilla y León quiso aumentar las ayudas con dos medidas. La primera consiste en ampliar la edad en la que se puede solicitar la ayuda. Si el gobierno socialista había indicado que los jóvenes debían tener entre 21 y 30 años, la Junta anunció la medida para los jóvenes emancipados desde los 18 hasta los 35 años. La segunda medida tomada por la Junta hacía referencia a la cantidad económica que percibirán los jóvenes ascendiéndola hasta los 240 euros como máximo, aunque sólo llegarán a esa cifra los menores de 21 y los mayores de 30 años (por lo tanto, los jóvenes entre 21 y 30 años sólo obtendrán los 210 euros como máximo).
Teniendo como base lo expuesto hasta el momento, las previsiones de solicitudes alcanzaron las 3000. Sin embargo, la realidad es que tan sólo cerca 800 burgaleses la han pedido. Además, tres meses después de la puesta en marcha de la medida, la cifra de solicitudes analizadas apenas alcanza el 8%. Es decir, no se cumplen los 2 meses de plazo para resolverlas. Y esto es debido a varias causas; la primera hace referencia a la escasa información que aportó el Gobierno a las CCAA para poder resolverlas ya que acaban siendo éstas las que deben tomar las decisiones. La segunda tiene que ver con los colores políticos. Esta medida estuvo bloqueada hasta el 9-M, día de las elecciones generales, en la Junta de Castilla y León. De este modo, la promesa socialista se veía incumplida.
Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León publicó sus ayudas al alquiler. Curiosamente, este año se han modificado las condiciones, haciendo que coincidan con las expuestas en el primer párrafo e incompatibles con cualquier otra ayuda recibida. De esta manera, la Junta se ahorra el dinero de ayuda al alquiler.
En la actualidad, la resolución de solicitudes va muy lenta y con el mencionado retraso. Además, hay que añadir problemas con el programa informático utilizado que hace muy difícil conocer el estado de las solicitudes debido a su inestabilidad. Por otra parte, la Junta ha dispuesto un número 900 (900 100 888) para que cualquiera pueda preguntar por sus dudas y el estado en el que se encuentra cada solicitud, si bien, la información dada es escueta y hay que llegar a amenazar con reclamaciones para obtener una respuesta satisfactoria.
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